Así lo confirmó la abogada de una de las imputadas en la muerte del niño. Ambas serán informadas por un secretario judicial. Las condenadas fueron agredidas por otras internas y debieron reforzar su seguridad.
El viernes al mediodía se dará a conocer la pena que recibirán Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, y Abigail Páez, su pareja, por haber asesinado y abusado del niño de 5 años que estaba bajo su cuidado.
Cómo pasa los días Abigail Páez
Según confió Blanco Gómez, a Páez “les resulta todo muy duro” dentro del penal donde está alojada cumpliendo con la condena. Además, aseguró que Abigail “está muy abatida”.En ese contexto, contó que la pareja de Espósito Valenti “está recibiendo apoyo psicológico” a raíz de su situación y tras haber sido violentada por otras reclusas. Consultada por esto, la letrada contó que ya no está siendo maltratada, y que se reforzó su seguridad.

Lo mismo sucedió durante la lectura del veredicto, tal como contó a TN Blanco Gómez. “Han vivido la jornada del veredicto como un día más. Ellas trabajan en la unidad. Están en la panadería y en el taller de cotillón. Tienen organizados sus días con esos trabajos”, dijo en ese momento.
Y agregó: “Desde la oficina judicial enviaron vía mail una copia del veredicto y se le entregó. Ni siquiera estuvieron conectadas por Zoom. Y eso que trascendió que lo vieron desde un sillón, es humo”.

Las apelaciones de las partes
Durante la audiencia de cesura, la defensa de Abigaíl Páez pidió al Tribunal que cuantifique la pena que le correspondería a su defendida, por entender que si se aplicase la prisión perpetua “solo saldrá de la cárcel con su muerte, ya que actualmente la pena perpetua es material y literalmente perpetua”. Además solicitó que esa cuantificación sea la mínima por la carencia de antecedentes penales y la edad de la imputada (28 años).En tanto, el defensor de Magdalena Espósito Valenti, Pablo De Biasi, brindó argumentos similares. Requirió que se le cuantifique la sanción y a diferencia de Blanco Gómez, pidió 25 años. Argumentó que la prisión perpetua que establece el Código Penal es inconstitucional, que los tratados internacionales impiden la aplicación de penas “crueles, inhumanas y degradantes”, y que con la perpetua la acusada no tendría acceso –en algún momento– al beneficio de la libertad condicional para su “readaptación social”.

